La nueva Formación Profesional en camino y su calendario de implantación exigirá un esfuerzo enorme a las distintas administraciones públicas así como a los distintos integrantes y colaboradores de los centros educativo. A nivel de ciclos formativos, a partir de este curso 2023-2024 ya podrían adaptarse las titulaciones a la nueva Ley Orgánica, pero será en 2024-2025, hasta el curso 2025-2026, cuando obligatoriamente toda esa oferta de Grados D se actualice (ver título II del RD que ordena el nuevo sistema de FP).
En cualquier caso, el trabajo que conlleva la implantación de esta nueva ley de FP, con los cambios curriculares que presenta (nuevos módulos, proyecto intermodular, optatividad, dual...) va a suponer un tiempo precioso para los equipos directivos así como para el profesorado responsable de los distintos módulos de cada ciclo formativo. Por todo ello, y en un contexto donde el incremento de la oferta de plazas de FP es más necesaria que nunca, con una elevada demanda de formación, la colaboración pública y privada es imprescindible para sostener un sistema de FP con unos estándares de calidad educativa más altos si cabe. Una cooperación tanto a nivel empresarial como entre centros de FP.
Los centros educativos de Formación Profesional, sostenidos con fondos públicos o privados concertados como comúnmente se llaman, llevan décadas llevando a cabo una función social donde ahora algunos solo ven negocio o una moda educativa. No podemos obviar la necesaria calidad educativa de aproximadamente un 25% de alumnos de FP Básica, un 30% del alumnado en Grados Medios o un 34% en Grados Superiores (datos curso 2022-2023) que se forman en centros privados. Por ello, al igual que debe demandarse una excelencia en los servicios de educación públicos, no es menos justo solicitar unos medios similares a los centros concertados que forman a miles de jóvenes cada año. La equiparación de las condiciones laborales del profesorado y una financiación pública adecuada que evite cualquier tipo de tasa son medidas que redundarían indudablemente en el alumnado.
Corremos el riesgo, con una ampliación de plazas sin aumento de los módulos económicos, de depauperar la oferta de FP. Pretender una Formación Profesional flexible y en constante actualización requiere recursos materiales y personales en consonancia a esas demandas. En la Comunidad Valenciana han faltado durante los últimos años propuestas inclusivas donde cabían tanto los centros concertados como los públicos. No aprovechar las sinergias, compartir conocimientos y conectar al profesorado de FP de distintos centros es también una oportunidad perdida. En el País Vasco, comunidad modelo en el desarrollo de la Formación Profesional, han mantenido su visión igualando las dos redes, pública y concertada, sin necesidad de perjudicar a ninguna de ellas ni promover una insana competitividad o una oferta deficiente. Porque, al fin y al cabo, todos los estudiantes merecen unas mismas oportunidades independientemente del centro educativo donde acaben matriculados.
En el futuro, con un previsible aumento de plazas, mayores exigencias técnicas, cambios demográficos, una menor ratio en las aulas y una situación de mayor empleo, nos vamos a enfrentar a complejos retos en todos los centros independientemente de sus titularidades: escasez de profesorado especialista, instalaciones obsoletas e insuficientes, desmotivación docente, etc. Va a ser necesario contemplar recursos suficientes para abordar las necesidades del profesorado en unos centros que no solo pueden crecer en la diversidad de títulos o certificados actualizados, sino que también necesitan una estructura y organización flexible donde todos podamos crecer sin morir por el éxito de una FP que transforma vidas y a su vez se adapta a las demandas del sistema productivo.
Ojalá, pese el maremágnum político actual y aprovechando la coyuntura de la nueva ley de FP, seamos capaces de ordenar el sistema de la Formación Profesional contando con todos los y las profesionales que pisan las aulas y talleres de esos 3921 centros educativos que hay a lo largo y ancho del país. Ojalá, pese a las habituales discordancias, todos percibamos imprescindibles esas inversiones y mejoras que llevan años produciéndose pero que no se trasladan por igual a los distintos centros educativos.
El artículo no termina de dar argumentos serios, concretos y claros del por qué financiar la privada al mismo nivel que la pública, sobretodo cuando la mera distinta titularidad hace q una haga de la enseñanza un negocio lucrativo individual y la otra un derecho y bien público del común de la ciudadanía. Muy burdo, soez y falaz el argumento de la igualdad de oportunidades para los estudiantes. Precisamente, lo q la privada dinamita.
ResponderEliminarAparte de eso, muy de acuerdo en que la flamante reforma va a suponer esfuerzos de todo tipo y un momento precioso para todos los agentes de la FP y, en especial, una oportunidad para que la exigencia de mayor cooperación empresarial conlleve una reflexión introspectiva del empresariado sobre su función social en los países y regiones con economías más dependientes y caciquiles como Canarias, Extremadura o Andalucía.
Pese al anonimato y a los calificativos fuera de tono, paso a responderle:
EliminarPuedo hablarle desde mi experiencia de primera mano en un centro privado concertado de FP que cuando esta etapa no era negocio alguno ya se preocupaba por miles de jóvenes que no eran asistidos por otras entidades. La función social sigue en vigor, sin suponer negocio alguno, y la labor y experiencia desarrollada durante décadas tiene un valor que la Administración no puede desdeñar.
En ningún momento atentamos contra esa libertad e igualdad del alumno; ni en forma de acceso ni por coste. Los prejuicios son una rémora para la FP.