He tenido la fortuna de visitar distintos centros públicos o privados de Formación Profesional a lo largo y ancho de toda España. Desde Andalucía hasta Galicia, o desde Baleares hasta León, el profesorado solemos tener inquietudes comunes: necesidad de más recursos, ya sea en instalaciones modernizadas o equipamiento técnico actualizado; mayor cercanía al sector profesional a la hora de programar los módulos; falta de trabajo en equipo y coordinación docente por cuestiones organizativas del centro o por escasa cultura de trabajo cooperativo del profesorado; competencia digital docente desigual o descoordinada; o falta de herramientas para motivar al alumnado y buscar su implicación en el aula.
Por suerte, el profesorado de FP suele mostrar muy buena disposición para afrontar los cambios a los que nos obliga la nueva normativa que surge cada curso o los avances que se producen en nuestro entorno profesional más cercano. Habitualmente, el problema para superar estos avatares no viene solo de esa falta de recursos antes mencionada sino también de una falta de visión estratégica donde es preciso buscar sentido pedagógico a la norma y, al mismo tiempo, ser capaces de implementar medidas que resulten sensatas y útiles a nuestros propósitos: un aprendizaje auténtico y mayor conexión con la empresa. Todo sea por la empleabilidad y futuro de un alumnado falto de certezas.
El problema viene cuando no se entiende esa flexibilidad a la que alude la norma máxima que ahora mismo rige el sistema de Formación Profesional; la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional que señala en su artículo 1:
La finalidad de la norma es regular un régimen de formación y acompañamiento profesionales que, sirviendo al fortalecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la economía española, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por las nuevas necesidades productivas y sectoriales tanto para el aumento de la productividad como para la generación de empleo.
Podríamos desgranar aún más la mención a la flexibilidad o a la autonomía de los centros que se hace desde las distintas normas que vienen ordenando la FP en los dos últimos años. Sin embargo, somos en ocasiones nosotros mismo quienes ponemos palos en las ruedas a cualquier tipo de cambio que reordene o transforme lo que venimos haciendo y que es manifiestamente mejorable. Desde la Administración educativa, inspección o técnicos, equipos directivos, consultores de calidad u otros responsables académicos, se coarta esa flexibilidad de la mano de una mala interpretación de un sistema de FP que nos orienta, dentro de un determinado marco, hacia la innovación y la adaptación de nuestros módulos y las diferentes competencias que surgen con el tiempo. Y aquí el algodón no engaña: si andamos más ocupados justificándonos que mejorando la enseñanza, algo está fallando con la aplicación normativa.
Seguimos perdiendo el tiempo en reuniones donde debatimos más sobre porcentajes que sobre competencias. Acabamos abrumados y desmotivados por tareas que solo suponen cumplimentar fichas intrascendentes. Nos devanamos los sesos reordenando hojas de cálculo con tal de cuadrar al milímetro los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que son manifiestamente inalcanzables.Y así seguimos engordando ese museo virtual donde duerme la documentación acumulada de miles de docentes.
Al final, todos esos asuntos que sabemos son primordiales acaban relegados a un segundo plano mientras nos colgamos la medalla del buen cumplidor. Pese a los pocos días que quedan para cerrar el curso, sigo insistiendo en la necesidad de cuestionarnos la organización interna a pesar de los límites que nos autoimponemos a menudo por evitar cualquier tipo de conflicto. ¿Estamos innovando en nuestros ciclos? ¿Trabajamos realmente en equipo con los compañero y sabemos enseñar a hacerlo al alumnado? ¿Promovemos y destacamos la evaluación de las competencias para la empleabilidad o personales de los estudiantes? ¿Tenemos un plan y un marco de actuación que impulse las competencias digitales del profesorado y la introducción de la inteligencia artificial en las aulas? ¿Sabemos llevar a cabo una evaluación formativa real? ¿Hacemos algo con todos lo datos que recogemos durante el curso? ¿Medimos lo que no funciona o aquello que nos ayuda a avanzar y cumplir con nuestra misión como centro educativo?
Estas y otras muchas preguntas que planteo me parecen necesarias para que, ahora que andamos de capa caída, no sigamos tirándonos piedras en nuestro propio tejado. Pensemos y diseñemos situaciones de aprendizaje valiosas para nuestro alumnado y sin perder demasiado el tiempo malabarismos legales que cualquier herramienta de IA generativa nos podrá resolver y justificar ante cualquier burócrata. Atendamos al espíritu de la norma y a ese sentido común que nuestra experiencia señala; pero sin perder de vista que toda transformación educativa requiere, además de prueba y error, un conocimiento profundo tanto a nivel técnico como pedagógico. Ya que tengo la sensación de que a menudo nos quedamos en las formas. Seamos flexibles. Evitemos redundancias y trabas para lograr una Formación Profesional más posible y actual.
Foto de Joao Vitor Marcilio en Unsplash
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