Las comparaciones son odiosas según con el prisma con que se quieran examinar. Puede parecer imposible convencer a un empleado público de la conveniencia puntual de la educación concertada, así como persuadir a ciertos empleados por cuenta ajena de la necesidad de una oferta pública de determinados servicios. La empatía y las sinergias suelen ayudar a cambiar esa predisposición que nos lleva a defender parcelas personales pese a las incongruencias vitales que luego muchos arrastramos: disfrute de una sanidad pública o mutuas médicas, hijos en colegios o academias de pago y en escuelas oficiales de idiomas, emprendedores que estudian para ser funcionarios o entrar en una bolsa de empleo público, etc.
Por ello, cuando defiendo la igualdad de recursos y entro a debatir con personas que abogan por la supresión de los conciertos educativos o por su asfixia económica, prefiero enfocar la discusión sobre los que realmente pierden cuando un centro educativo sostenido con fondos públicos (concertado) no tiene derecho a los mismos medios y recursos humanos y materiales: su alumnado. Sin entrar en la discusión ni mentar puntuales ejemplos de centros de todo tipo que incumplen normativas, cobran o no hacen bien su trabajo.
No es mi intención entrar a discutir el anclaje legal de los conciertos educativos sino, desde la realidad que actualmente observamos, demandar los cambios e inversiones necesarias para que todo estudiante de un centro público o sostenido con fondos públicos pueda cursar sus estudios en las mejores condiciones posibles con la gratuidad que exige la ley. Me parece justo exigir que cualquier alumno de uno u otro tipo de centros pueda disfrutar de unas aulas, herramientas, materiales, ayudas tecnológicas o a la innovación, redes educativas, becas, recursos económicos... independientemente del tipo de centro educativo oficial en el que se haya matriculado. No entro a valorar las condiciones laborales ni las formas de acceso de su profesorado, ni otras circunstancias relacionadas con la docencia que también pueden suponer mayor o menor calidad educativa.
Tal y como se fundamenta en este artículo, "Conciertos educativos y régimen de copago en España. Entre la ficción y la realidad", los módulos económicos por unidad escolar no se corresponden con el coste real ni desde hace más de diez años se han actualizado estos módulos para financiar justamente a unos centros de modo que sus servicios se ofrezcan gratuitamente sin esas barreras de entrada (manifiestamente injustas) que algunos "exigen" para ser viables económicamente y poder reponer y actualizar sus instalaciones. No me parece mal que el rigor presupuestario obligue a buscar distintas fuentes de financiación a través de servicios voluntarios; pero entiendo que una escuela inclusiva tanto en centros públicos como privados de iniciativa social debe garantizar esa gratuidad, libre elección y oferta académica en las mismas condiciones independientemente de su titularidad.
Buscar las sinergias entre centros públicos y privados de iniciativa social, intercambiar experiencias o materiales didácticos con otros docentes y favorecer el intercambio de conocimientos y recursos, garantizaría la mejora de la educación de nuestros jóvenes. En la Formación Profesional es esencial la transferencia de conocimientos tanto a nivel geográfico como entre los distintos centros y sin importar idearios ni procedencia. El aislamiento, los frentes abiertos y el ensimismamiento ideológico no aporta nada a la educación ni a nuestro alumnado. Afortunadamente, he podido aprender mucho de compañeros de otros centros educativos, así como de las iniciativas colaborativas (aunque cada vez se observan menos) que desinteresadamente comparten en las distintas redes profesionales.
Todos nos indignamos por atropellos y sinrazones que sufrimos en nuestras carnes a nivel profesional. Exigir, desde la coherencia, es un ejercicio que todos debiéramos practicar cuando sufrimos incompetencias, privilegios ajenos o favoritismos de quienes entienden los servicios públicos y la educación de forma monocromática. Por ello, no cesaré en mis demandas públicas para que mis alumnos puedan acceder a determinadas ayudas, instalaciones o convocatorias públicas que también pueden disfrutar en otro tipo de centros educativos. Al igual que protestaré contra cuotas injustas o una educación competitiva basada en un cheque escolar.
Ojalá todos pudiéramos comprender, sin el matiz que los colores políticos nos perfilan, que todo estudiante debe poder disfrutar de una enseñanza académica y profesional en las mismas condiciones de acceso y con recursos humanos y técnicos similares sin importar la zona geógrafica donde se oferta ni el gobierno de turno. Es simple justicia social.
Foto de Felicia Buitenwerf en Unsplash
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